Vender a domicilio a una mujer de 82 años, puede ser un fraude

Buenas noticias para una mujer de 82 años que interpuso una demanda contra una editorial y financiera, ya que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander la ha estimado y anula un contrato de compraventa de libros y la financiación del mismo. En una sentencia firme, estima íntegramente la demanda interpuesta por la señora frente a la editorial, Ediciones Casals Polo, y la financiera Unión Financiera Asturiana, que han tenido que devolver a la demandante las cantidades pagadas con intereses y las costas.


La forma de actuar de estas empresas suele ser la misma, contratan con personas mayores en su domicilio, cuando se encuentran solas. Así les hacen ofertas y regalos para que firmen los contratos, por los que se les hace entrega de diferentes objetos tales como enciclopedias, DVD o colecciones de arte. Junto con el contrato de compra, se les hace firmar otro de financiación que les obliga al pago de un crédito que supera con creces el precio del objeto financiado.


Así ocurrió en este caso, el comercial que acudió al domicilio, le hizo firmar a la señora un elevado contrato de financiación con una editorial por una enciclopedia. Por lo que interpuso demanda frente a la editorial y la financiera solicitando que se anulase el contrato y se restituyeran las cantidades abonadas. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, en su sentencia del 8 de marzo, estimó íntegramente la demanda por no cumplir las empresas demandadas con las exigencias que impone la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.


La sentencia hace referencia que el contrato de compraventa era "de algo que se define como una obra de historia del arte 6.000 más DVD más certificados y un teléfono móvil". En el mismo acto, firmó una solicitud de contrato de préstamo mercantil. Su hijo se apercibe del contrato e intenta resolverlo mediante burofax dirigido a la dirección de Oropesa que aparecía en el documento, no pudiendo hacerlo, ya que el número no existía. Sí consiguió contactar con la empresa en otra dirección, aunque no obtuvo respuesta.


La demandante argumentaba la infracción en numerosas normas contractuales y de protección de consumidores. Entre ellas, el real Decreto 1/2007 que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por una parte, de su artículo 97, que exige que el empresario facilite de forma clara y comprensible todas las características de los bienes y servicios, lo que no ocurría ni con los libros en cuestión ni con el citado teléfono móvil. La empresa "no ha aportado documental alguna que nos pueda llevar a conocer en qué consistía dicha obra".


Además, el artículo 100 establece que debe facilitarse copia al consumidor del contrato, lo que tampoco ocurrió. Por otra parte, el artículo 1261 y el 1273 del Código Civil exigen que en todo contrato haya un objeto cierto. El empresario, además, no facilita una dirección cierta.


Fuente: http://www.ucex.org/noticias/UCE_82.html

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